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MÁS PROTECCIÓN PARA LOS OCUPANTES ILEGALES Y LOS MOROSOS
Más protección para los ocupantes ilegales y los morosos, incertidumbre para los propietarios
Con el Real Decreto-ley 16/2025, el Gobierno español amplía aún más la protección de los hogares vulnerables. En la práctica, esto refuerza la posición de los ocupantes ilegales y los inquilinos con problemas de pago, lo que vuelve a suscitar la preocupación de los propietarios por el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.
La medida prorroga en 2026:
la prohibición de cortar el suministro de agua, gas y electricidad a personas vulnerables
la suspensión de los desahucios cuando no haya vivienda alternativa disponible
Los hogares vulnerables son, entre otros, las familias con bajos ingresos, las familias numerosas, las personas con discapacidad o las víctimas de violencia de género. En muchos casos, los propietarios deben seguir corriendo con los gastos de los servicios públicos, incluso en caso de impago.
Aunque el objetivo es social, la carga financiera y jurídica recae cada vez más en los propietarios privados. Por lo tanto, el debate sigue siendo intenso: ¿dónde está la frontera entre la protección social y el derecho a la propiedad privada?
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